Hay escuelas de la ciudad con grados
de más de 40 alumnos. Faltan miles de vacantes en jardines
de infantes, especialmente en la zona sur; mientras que las
salas maternales públicas casi no existen. Hace mucho,
mucho tiempo que no se construyen escuelas de acuerdo al
crecimiento de la población.
Los gabinetes psicopedagógicos son
pocos (uno por distrito; o sea, uno cada 20 escuelas) y
tienen poco personal para atender una problemática cada vez
más grave. Faltan maestras recuperadoras, maestras de
apoyo, psicopedagogos y asistentes sociales en las escuelas
(en el 2004 había 250 profesionales, ahora hay sólo 180
para toda la ciudad). Hay, inclusive, maestras
“prestadas” entre escuelas. Se limitan así seriamente
las posibilidades para los alumnos con problemas de
aprendizaje. Todo esto, además, en el marco de un sistema
de salud pública absolutamente colapsado.
Las condiciones de los edificios
siguen siendo desastrosas y falta equipamiento. Hay escuelas
sin gas, con goteras, obras sin terminar, ventanas y bancos
rotos. De todo lo publicitado por el gobierno sólo se
están pintando algunas escuelas, y con facturaciones que
triplican los gastos reales de la obra.
El gobierno anuló las jornadas de
reflexión docente, donde los maestros nos juntábamos a
pensar sobre la tarea a fin de mejorarla. Suspendió la
capacitación en servicio, donde nos formábamos con
especialistas en nuestro lugar de trabajo. Prohibió la
salida de docentes de las escuelas en horario de trabajo
para cuestiones laborales y nos prohibió hacer
declaraciones a los medios.
Por todas estas condiciones, cada vez
menos jóvenes estudian para ser maestros. El gobierno
reconoció que hay una “emergencia educativa” causada
por la falta de docentes. Por eso directivos, bibliotecarias
y curriculares deben cubrir los grados y, si esto no es
posible, los niños deben ser repartidos. O, directamente,
pierden días de clases.
Cada vez se desdibuja más la
función pedagógica del maestro. Quieren menos que la
escuela enseñe y más que se dedique a contener el
estallido, la bronca popular resultado de políticas que
excluyen y marginan.
Los salarios de los docentes están
por debajo de la línea de pobreza. Un maestro cobra $695 de
básico. El salario de bolsillo de un maestro que recién se
inicia no cubre ni un tercio de la verdadera canasta
familiar.
Estos magros sueldos nos obligan a
trabajar extensas jornadas afectando la enseñanza y nuestra
salud. Un maestro que trabaja el doble no cobra el doble,
pero sí nos descuentan el doble.
Hay miles de docentes contratados en
situación de inestabilidad y precariedad laboral
(computación, ajedrez, teatro, asistentes celadores,
maestros de apoyo, equipos de orientación). No sólo no se
soluciona, sino que se ofrecen nuevas convenios en peores
condiciones que los anteriores.
Los docentes que recién toman cargo
pasan meses y meses sin cobrar sus salarios.
El gobierno dejó en manos de una
entidad privada el manejo del Programa de Becas y las redujo
en un 48% (¡se eliminaron 30.000 hace un mes, de las cuales
el 58,6 % era para hogares bajo la línea de pobreza!).
El gobierno designó al frente del
Hospital Rawson (hospital de docentes) a un doctor
denunciado por un caso de gatillo fácil, por maltrato de
enfermos e incluso por el levantamiento de tareas que llevó
a la muerte de dos compañeros con enfermedades terminales.
El gobierno suspendió el subsidio de
mantenimiento edilicio para las cooperadoras.
Dicen que no hay plata, pero el
gobierno aumentó los sueldos de los funcionarios: Macri
cobra $25.000 y sus ministros $20.000. Además las empresas
contratistas consiguieron que el gobierno actualice sus
precios de licitación según inflación (pero los salarios
de los trabajadores no se tocaron). Y por si todo esto fuera
poco, se aumentaron los subsidios a las escuelas privadas:
la Legislatura aprobó un incremento de 100 millones de
pesos hace pocos días.
Maestros del 13
